Coyuntura

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El mensaje del sandinismo con la captura de manifestantes: Criminalización de las protestas, cooptación del poder judicial y la fiscalía, y suspensión de facto de todos los derechos

El martirio que viven los más de 600 expresos políticos, liberados entre mayo y junio de 2019, de un total de 703, por el Gobierno izquierdista de Daniel Ortega, es una continuación de sus días de encierro en la cárcel. 

Asedio en los barrios por simpatizantes gubernamentales, persecución y acoso policial en la comunidad, en sus casas y en actividades religiosas y productivas, como ferias comunales; desempleo por haber perdido sus trabajos y la imposibilidad de encontrar otro por falta de record policial, y de documentos de identidad en muchos casos, crisis de ansiedad, insomnio y pesadillas nocturnas; son las consecuencias que enfrentan, entre otras, tras un año de encierro.  

Se les dice “presos políticos” a estas personas secuestradas por el régimen sandinista, tras las protestas cívicas de abril de 2018 que paralizaron el país hasta mediados de julio de ese año. 

Fueron capturados sin orden judicial y en su inmensa mayoría tras participar en marchas de protesta por la instauración de la democracia en el país, gobernado consecutivamente por Ortega durante los últimos 13 años.

Esas personas, entre las que destacan jóvenes de barrios urbanos pobres, universitarios, campesinos y exmiembros del ejército, sufrieron encierro y torturas por ejercer el derecho constitucional a disentir y movilizarse cívicamente en contra del Gobierno.

Sin antecedentes delictivos, fueron acusados de terroristas con penas de hasta 200 años de cárcel cuando la sentencia máxima es de 30, en una suerte de arbitraje amañado, criticado por destacados juristas del país. 

Al cumplirse un año de los secuestros y encarcelamientos, las autoridades aprobaron, el pasado 8 de junio, una Ley de Amnistía que según expertos se dio para intentar salvar a Ortega, a su esposa Rosario Murillo y a su círculo de operadores políticos dentro y fuera del Estado.

Porque, según los analistas consultados por Expediente Público, la normativa no nació como una respuesta auténtica a la exigencia de la ciudadanía de que se liberara a los presos, sino para salvarle un poco la imagen a ese círculo de poder, al vender la falsa idea de que actúan con benevolencia. 

Pero maquillar esa imagen es algo muy difícil de lograr, pues ellos han estado detrás de la muerte de 325 personas, de los más de 2,000 heridos y de los más de 100 desaparecidos, de acuerdo a organismos internacionales de derechos humanos.

Desde antes de la aprobación de dicha ley, los centenares de presos habían ido saliendo en grupos de entre 50 y 100, luego de que el Gobierno se comprometió a excarcelarlos ante la opositora Alianza Cívica y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo hizo a regañadientes, tras recibir sanciones diplomáticas y económicas, además de ser acusado de crímenes de lesa humanidad por la represión desatada.

“Yo estaba destinada para que me apresaran, junto a mi hermana. No me considero ni me figuro como una líder. Fue después de una marcha que me detuvieron. Cuando la marcha culminó agarraron a muchos y yo fui una de las saladas (con mala suerte)”, cuenta a Expediente Público una de las encarceladas y posteriormente liberadas, Patricia Sánchez.

“Me hicieron todo el proceso en la cárcel La Esperanza (reclusorio de mujeres). Ahí estuve siete meses y medio, mientras que a otras muchachas las agarraban y las tenían ahí como tres o cuatro días y las soltaban, pero yo no tuve ese privilegio. Pasaban algunas personas sólo horas detenidas como para intimidarlas, eran como redadas”, reflexiona.

“A mí me acusaron y condenaron a seis años, por portación de arma ilegal y municiones, cosa que ni un bolso andaba, igual mi hermana y elaboración de bombas químicas y radioactivas”, dice Sánchez. 

La Ley de Amnistía mandata la liberación, pero restringe el movimiento al prohibir expresamente a los excarcelados repetir acciones de protesta. Todavía quedan presos 103, según la Unidad de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), sin que el gobierno dé razones sobre las causas de mantenerlos presos.

“La Ley de Amnistía es una violación más a los derechos humanos de los presos políticos, por cuanto no es un beneficio el que se les ha dado y les pretenden limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales”, explica el abogado Boanerges Fornos, de Acción Penal.

Añade que, al liberar a la mayoría de presos políticos, el Gobierno da muestras de voluntad política al concederles su salida por una ley oficial, pero al mismo tiempo favorece a los allegados del régimen que cometieron los verdaderos crímenes, registrados en organismos de derechos humanos internacionales. 

“Con ello tratan de generar impunidad a su favor en perjuicio de las verdaderas víctimas”, destaca Fornos.

Desde que el último remanente de los presos políticos fue liberado, a mediados de junio, la represión contra estos no ha parado. 

A escasos tres días de la excarcelación del último grupo, entre los que se encontraban los más conocidos ante la opinión pública, y durante tres domingos consecutivos, han sufrido represión de parte de la policía. Los rociaron con gases lacrimógenos y atacaron con balas de salva durante las celebraciones realizadas luego de su liberación.

Durante la primera misa de Acción de Gracias, celebrada en la catedral de Managua, el pasado 16 de junio, un grupo de aproximadamente ciento cincuenta expresos políticos se presentó al templo, algunos cubrían sus rostros para no ser identificados, otros mostraban una manta en la que pedían justicia para los asesinados y para sus compañeros aún encarcelados. Y hubo quienes, en fila, sostenían una vela en la mano, orando por sus vidas y por quienes ya no están.

Fue una celebración emotiva que además de religiosa era un acto de protesta. Al final la represión no se hizo esperar. 

Ese día, la policía que rodeaba —y sigue rodeando de manera permanente desde hace un año— la catedral de Managua y las iglesias de las ciudades donde se dieron los principales levantamientos, disparó balas de salva y lanzó bombas lacrimógenas contra los expresos políticos al concluir la misa. 

Un día antes, el sábado 15 de junio, turbas sandinistas apoyadas por la policía golpearon a otros feligreses que asistían a la misa de primer aniversario de la muerte del monaguillo Sandor Dolmus, asesinado por fuerzas orteguistas ese mes del año pasado en la catedral de León, ciudad ubicada a 90 km al noroeste de Managua.

A un año de la Operación Limpieza que ejecutó el Gobierno sandinista contra el levantamiento cívico, la represión continúa en un país sin ley, donde la impunidad esta institucionalizada. 

Una estrategia de guerra contra los manifestantes

La represión posterior al levantamiento cívico de abril de 2018 ha tenido características similares al accionar del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando fue Gobierno durante la llamada revolución Sandinista de los años 80.

Al igual que en esa década, cuando enfrentaba una guerra para derrotar a los contrarrevolucionarios apoyados y financiados por los Estados Unidos, ahora también asedia y ataca a la iglesia católica, organiza turbas de choque y sostiene un discurso dual de paz y guerra.

Este modelo de represión fue puesto en práctica durante el reciente levantamiento popular de abril de 2018. Los sacerdotes en la mayoría de pueblos y ciudades donde la gente se alzó fueron quienes protegieron a los manifestantes. 

Como ejemplo de la agresión estatal contra la iglesia católica, el templo denominado Divina Misericordia, en Managua, fue atacado el 13 de julio del 2018 cuando estudiantes que huyeron de la toma de 100 días de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) se refugiaron allí y fueron blanco de la fusilería del régimen durante más de 18 horas.

La embestida gubernamental se dio durante la citada Operación Limpieza: la maniobra militar que desmontó las barricadas barriales en las ciudades, comunidades rurales y en las universidades.  

Algunos sacerdotes han tenido que huir al exilio, mientras otros han sido amenazados de muerte por simpatizantes del régimen, según ha confirmado Expediente Público.

Recientemente, el pasado 14 y 15 de junio, la lucha contra la iglesia se reflejó durante los dos días de ataque a las iglesias de León y Managua, y en las amenazas de muerte para el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de Niquinohomo, municipio ubicado a 35 km al sureste de la capital, en el occidental departamento de Masaya. 

También la arremetida contra la iglesia se constató en el asedio a la catedral de Matagalpa, ciudad localizada a 130 km al norte de Managua. El pasado 3 de julio, turbas sandinistas con banderas rojinegras irrumpieron en el templo gritando consignas contra la iglesia y su párroco Rolando Álvarez.

El obispo de Estelí, ciudad ubicada a 145 km al norte de Managua, Abelardo Mata, destacado antisandinista fue acusado, el pasado 8 de julio, por un ciudadano de esa localidad ante los juzgados por “injurias y calumnias”, debido a que el sacerdote dijo a medios nacionales que un paramilitar sandinista había disparado durante las manifestaciones del año pasado a un grupo de jóvenes entre los que se encontraba su hijo, quien fallecido de un tiro de AK-47 disparado por un francotirador pro gobierno. 

Y mientras tanto, las turbas sandinistas barriales han continuado asediando y persiguiendo a los excarcelados, y el Gobierno aprobó la ya comentada amnistía que libera presos pero limita sus derechos ciudadanos.

El carácter clasista de la opresión gubernamental  

La gran mayoría de manifestantes fueron apresados, según sus propios testimonios, en redadas realizadas por la policía al terminar una marcha y dirigirse a pie a sus casas. Provenían de sectores populares, “levantados” en la calle de manera violenta y echados a las camionetas de la policía, de ahí que se perciba un carácter clasista en las detenciones.

“Si tienes el apellido de la fulana de tal o te relacionas con los de la Alianza Cívica o con esos grandes empresarios, no te tocan, te dejan ir. Pero si es alguien común y corriente, que tu apellido no resuene y eres hijo de papá albañil o mecánico, vas a sufrir las consecuencias. Me parece que fue más que todo un asunto clasista”, expresa enfática Sánchez.

Afirma que la mayoría de los jóvenes detenidos eran de barrios, no de colonias, de residenciales. 

“Creo que no hay ninguno que sea de residencial”, subraya. 

El miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, destaca que todo el trabajo previo de inteligencia del Estado se puso al servicio de los organismos represivos, policías, militares, gente del partido, y ya tenían plenamente identificados los objetivos, su ubicación, sus relaciones. Por ello los procesos de captura fueron relativamente rápidos, enfatiza.

“A quienes más tardaron (en encontrar) fue la gente que pasó a la clandestinidad, eso requirió un trabajo adicional a través de los mismos mecanismos de inteligencia”, considera Pallais, en entrevista con Expediente Público.

Ese esfuerzo adicional, añade, implicaba activar agentes encubiertos y que todos trabajaran hacia un mismo fin: identificar las casas de seguridad donde se escondían las personas a quienes el régimen consideraba como sus principales amenazas, y luego pasar a capturarlas.

De todas maneras, se pueden contar con los dedos de las manos los presos más reconocidos. Los nombres de la inmensa mayoría ni se escuchan en los medios de comunicación. Son un número, no tienen nombre pero viven la misma represión y asedio que los más nombrados en el ámbito público.

Esa afirmación se puede constatar en las listas que el Gobierno publicaba con los nombres de las personas liberadas: nicaragüenses desconocidos, de a pie, sin conexiones políticas ni apellidos rimbombantes.

Hacer públicos esos nombres, y las direcciones donde vivían, también era una amenaza velada: era una muestra de que los tenían fichados.

“En mi casa me vigilan, la policía llega a mi casa en cualquier momento, solo les falta sentarse a almorzar con nosotros”, recuerda Sánchez, quien habita en un populoso barrio de Managua. Cuenta que de pronto la policía se desaparece y reaparecen cuando se convocan concentraciones o “piquete” a través de las redes sociales. 

“Un día llegan, levantan una supuesta acta de que estábamos en casa, mi hermana fue presa también, y teníamos que firmarla y darles la cédula, como estábamos saliendo (de la cárcel) yo pensé que era un proceso normal”, añade.

En cuanto a la gente más conocida públicamente, Sánchez afirma: “Gente como la Amaya Coopens (conocida líder estudiantil), Irlanda Jerez (conocida comerciante) por ejemplo y ese tipo de líderes estudiantiles que fueron presos, es porque los delataron. La gran mayoría fuimos secuestrados en las calles cuando caminábamos hacia nuestras casas después de las marchas”.

El grupo de defensores de Acción Penal, entrevistados por Expediente Público, considera que en todos los casos que les tocó defender detectaron que se criminalizó la protesta cívica y pacífica, que se secuestró a centenares de personas por encontrarse simplemente en una concentración pública, expresando su descontento contra el Gobierno.

Acción Penal señala, sin embargo, que fueron apresados, encarcelados, de la forma más arbitraria e inconcebible y peor aún, sin ni siquiera imputarle un solo cargo.

Algunos de esos detenidos han sido excarcelados y no liberados plenamente, pues si bien ya habían dejado atrás el encierro, aún deben sufrir serias restricciones para movilizarse como el resto de nicaragüenses.

Esa situación aumenta más la irracionalidad del sistema de Justicia del país, “porque si no te abrieron un proceso penal en tu contra, entonces no tendría sentido que te impongan medidas restrictivas a tu libertad”, considera el abogado Boanerges Fornos.

Cómo se protegen los presos liberados en un país sin ley

Desde el pacto político firmado en el 2000 por el entonces opositor Daniel Ortega con el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2001), en el que los partidos FSLN y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se repartieron los poderes del Estado, Nicaragua como nación enfrenta una crisis de Estado de derecho. Todo proceso judicial es político. Los magistrados del poder judicial, más que abogados, son militantes de ambos partidos. 

Con los años, el sandinismo llegó a dominar la jefatura de la Corte Suprema y la Fiscalía, al colocar en cargos de dirección de esas instituciones a sus militantes más fieles y comprometidos con la actual pareja gobernante, la familia Ortega Murillo. Con este control se logró legislar para la reelección eterna de Ortega, que prohibía la Constitución. 

Con ese telón de fondo, con esa aberración en el funcionamiento de aquellas instituciones, se da el encarcelamiento ilegal e ilícita de los miles de secuestrados luego del levantamiento popular de abril 2008. 

En un país sin Estado de derecho es nulo lo que los abogados y organismos de derechos humanos pueden hacer por liberar totalmente a los presos políticos que fueron excarcelados por la amnistía oficial, pero que ha dejado a 102 todavía en la cárcel, de los cuales se desconoce públicamente hasta sus nombres. 

Del total de 600 liberados, solo 27 han sido sobreseídos definitivamente, según organismos de derechos humanos. La gran mayoría tiene casa por cárcel y deben presentarse periódicamente a los juzgados. 

“Se rompió con el Estado de derecho. Lo que hay es una concentración de poder. Se ha destruido toda la institucionalidad democrática del país”, expresa Pallais.

Y continúa: “Este proceso no es obra de un día, sino que se ha venido consolidando desde los años 80: el Estado al servicio del poder. Posteriormente, el poder judicial se convirtió en un mecanismo más del Estado al servicio del poder. Después todos los aparatos del Estado al servició del actual régimen. Todos los derechos fueron suspendidos de facto”. 

Los procesos judiciales de los presos políticos pusieron de nuevo en la mesa de debate público la cooptación de los poderes del Estado y las instancias de defensoría como la Fiscalía por el sandinismo.

“Sabemos que existen funcionarios y empleados públicos que figuran como las piezas claves que el Gobierno está utilizando para cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, ilegalidades y violaciones al debido proceso en este tipo de causas”, afirma Fornos, el abogado de Acción Penal.

Y asegura que “no es lo mismo hablar de justicia formal que de justicia material, la primera significa que el Estado te garantiza el irrestricto respeto a tus derechos y garantías dentro de un proceso en tu contra y la segunda significa alcanzar una verdadera justicia, llegando hasta el fondo del asunto, es decir alcanzar la verdad real y no ficticia. En los casos de presos políticos en Nicaragua no se ha cumplido ninguna de las dos justicias”.

Mientras tanto Patricia Sánchez espera que su caso sea sobreseído definitivamente. 

“No me siento con la confianza de ir a un lugar público, tengo dos niños. Ir con ellos como salía antes, no lo hago. Muy pocas veces he salido de mi casa y menos de noche. Me han quedado secuelas sicológicas, con las cosas que vemos, que oímos, con lo que pasa alrededor, con los demás muchachos y muchachas que son hostigados día y noche en sus casas, calles”.

“Solo nos hace sentirnos bien cuando nos comunicamos, pues creamos una solidaridad fuerte (quienes estuvimos detenidos). Hasta la fecha nos comunicamos, nos damos buenos días, buenos noches, nos preguntamos cómo estamos. Exigimos justicia, necesitamos ser libres. Solo el amor de verdad a la patria salvará a este país”, concluye.

Por: Vicenta Torres

Fotografía por: Carlos Morales Zapata

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