*Informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. señala a dictaduras regionales por incumplir compromisos contra la trata de personas.
**Mientras que, países del triángulo norte; Guatemala, Honduras y El Salvador son señalados por sus insuficientes esfuerzos contra este delito.
Sharon Ardon/ Expediente Público
Honduras, Guatemala y El Salvador se encuentran bajo la lupa de Estados Unidos debido a que “no cumplen completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”.
En el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua ni siquiera hay esfuerzos por contrarrestar estos delitos, sostiene el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Trata de Personas (TIP) en su 24ª edición.
El TIP fue publicado el 24 de junio de 2024, y abarca las evaluaciones detalladas de 188 países y territorios, incluyendo Estados Unidos.
Esta evaluación anual de EE. UU, revela los fallos y el trabajo insuficiente que están realizando países de Centroamérica y el Caribe en la lucha contra este delito de trata.
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Redes de trata se digitalizan
El Departamento de Estado también examinó con profundidad el creciente papel de la tecnología digital, ya que actualmente, las redes de trata “se dirigen y reclutan víctimas en línea, a través de las redes sociales, a través de aplicaciones de citas, a través de plataformas de juegos”, explicó el secretario de Estado, Antony Blinken.
Durante la conferencia de prensa este 24 de junio, Blinken alertó que, aunque la trata de personas es tan antigua como la humanidad misma, “los perpetradores continúan evolucionando sus métodos”, por lo que sugirió tomar las precauciones debidas.
Y remarcó que este delito de trata de personas “socava el estado de derecho, debilita la seguridad fronteriza, limita las oportunidades económicas de las personas”.
Según el reporte, se estima que 27 millones de personas son explotadas para el trabajo, los servicios y el sexo comercial a través de la fuerza, el fraude y la coerción.
Asimismo, el informe hace énfasis en uno de los problemas que abre puertas a delitos como la trata de personas refiriéndose a la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental, donde migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a graves riesgos de trata sexual y trabajo forzoso, especialmente a manos de grupos delictivos.
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Trata de personas
La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2000, en su versión modificada (TVPA), define la trata de personas como el delito que implica el tráfico sexual donde se induce a una persona a participar en actos sexuales comerciales mediante fuerza, fraude o coerción, o cuando la persona inducida es menor de 18 años.
De igual manera, este término incluye el reclutamiento, acogida, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, también mediante fuerza, fraude o coerción, con el objetivo de sujetarla a servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud.
Y subraya el hecho de que “no es necesario que una víctima sea transportada físicamente de un lugar a otro para que el delito caiga dentro de esta definición”.
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Esfuerzos de los países
El informe también proporciona una fase en la que diagnostica la lucha de los países contra este delito, estos niveles se calculan según indicadores como las condenas logradas, las investigaciones iniciadas y el número de víctimas identificadas.
Según esta categorización que realiza el Departamento de Estado, los países del Triángulo Norte de Centroamérica; Honduras, El Salvador y Guatemala se encuentran en el nivel 2 de países “cuyos gobiernos no cumplen plenamente las normas mínimas de la TVPA, pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir esas normas”.
Mientras que Nicaragua, Venezuela y Cuba figuran en el nivel 3 de países “cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas de la TVPA y no están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”.
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Cuba, de los peores calificados
En su nueva edición, Cuba al igual que la República Popular de China aparecen en la lista de los 13 países con una “política o patrón” documentado de trata de personas, trata en programas financiados por el gobierno, trabajo forzoso en servicios médicos afiliados al gobierno, esclavitud sexual en campamentos gubernamentales o el empleo y reclutamiento de niños soldados.
Según un informe publicado por el gobierno cubano, a finales de 2023, había más de 22,000 trabajadores cubanos afiliados al gobierno en más de 53 países, y los profesionales médicos componían el 75 por ciento de su fuerza laboral exportada.
En Expediente Público se ha registrado como el Gobierno de Cuba desde el 2019 figura en la lista negra por tráfico de personas esencialmente en esta modalidad de explotación laboral de brigadas médicas y de docentes.
Y pese a esto, países de la región como Honduras siguen promoviendo este delito al contratar programas de médicos y docentes de este país.
“El trabajo forzoso patrocinado por el Estado también es una preocupación, específicamente el programa de exportación de mano de obra de Cuba, incluidas sus misiones médicas, de las que el gobierno cubano continúa beneficiándose al someter a los trabajadores al trabajo forzoso y la explotación”, detalla el informe.
Los expertos estiman que el gobierno cubano recauda entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales por su exportación de servicios, que incluye las misiones médicas.
El programa de exportación de mano de obra sigue siendo la mayor fuente de ingresos extranjeros para el gobierno cubano.
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El caso de Honduras
En informe indica que el trabajo forzoso, una forma de trata de personas, es universalmente condenado, pero prevalece en casi todas las industrias a nivel mundial.
Sin embargo, resalta el caso de la Libertad Sindical para los Trabajadores de la Confección en Honduras, y registra que tras firmarse el convenio colectivo entre los trabajadores hondureños y la empresa Fruit Of the Loom dando como resultado aumentos salariales, beneficios y reducción de acoso verbal y violencia de género.
En la misma línea, la investigación también ha demostrado que la sindicalización tiene efectos indirectos que se extienden más allá de los trabajadores sindicalizados.
“Los sindicatos también pueden aumentar la productividad de las empresas al dar a los trabajadores experimentados más participación en las decisiones que diseñan procedimientos de lugar de trabajo mejores y más rentables”, subraya el informe.
